LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ACTUAL

Fernando Córdova T.
María F. Carpio M.
William F. Laura H.
Mareliz López O.
Miryam Quiñones H.
Grupo de Estudio: Representación Política
Instituto Ética y Desarrollo
Diciembre del 2006

“Nuestros partidos son entes de razón
sustantivos abstractos, agrupaciones
personalistas inconsistentes y
efímeras, cambiantes etiquetas que
pueden prestar utilidad para la
nomenclatura política pero no
construyen fuerzas vivas y hondas,
que son precisamente las que tiene
que estudiar y apreciar
el sociólogo político”.
Víctor Andrés Belaunde


Introducción

En una sociedad plural donde las condiciones socio-económicas están marcadas por la desigualdad y pobreza, por el bajo nivel de Estado de derecho (régimen democrático) e institucionalidad, crear partidos institucionalizados es una tarea bien difícil y que tomará su tiempo. Es cierto que la crisis de legitimidad y representación de los partidos políticos está asociada al pobre desempeño que éstos han tenido, desde el control del Estado, en la conducción de los destinos nacionales, pero también es cierto que para que una democracia funcione debe haber partidos políticos “vigorosos”, bien consolidados.

Una preocupación constante, que sobresale en los foros de discusión, es que los partidos políticos no representan la diversidad de una nación y que no hacen nada por facilitar y lograr una mayor participación e inclusión de los grupos subrepresentados (los grupos indígenas, minorías étnicas, mujeres y jóvenes) en la vida política. Pues, no es únicamente cuestión de atraer a los ciudadanos a participar, tanto en los canales formalizados (elecciones, partidos, sindicatos) como en los informalizados (nuevos movimientos sociales) del régimen, se trata de incluirles en el sistema político.

En ese sentido, es importante redefinir el papel y reivindicar el valor de los partidos para la democracia. Para ello, es pertinente preguntarse: ¿qué debe hacerse para superar la desconfianza y la crisis de legitimidad de los partidos políticos?, ¿cómo pueden los partidos renovarse y reconquistar el apoyo de los ciudadanos?

Algunas nociones básicas:

Partido

Para Giovanni Sartori, un partido “es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que pueda colocar a sus candidatos a cargos públicos”.

Según Nicolás Lynch, un partido “es una organización cuyo propósito fundamental, por razones fundamentales y/o programáticas es conseguir el poder político y que en función de este objetivo busca agregar y compatibilizar intereses sociales, movilizar a la población, seleccionar a candidatos a puestos públicos e influir en distintos momentos y de diferente manera en la situación política”.

Para Schattschneidere, “un partido político es un intento organizado de conseguir poder político”.

En suma, un partido político es una organización política, formada por personas de similar tendencia ideológica, cuyo objetivo es obtener el poder del Estado e imponer su programa político.

Democracia

Con respecto a la democracia, se le define como un régimen político, es decir, una forma de gobierno y un tipo de relación entre el Estado y la sociedad. Pero no es el único régimen político posible. Pues, para hacer tal distinción debemos tener en consideración dos cosas: a.- los criterios que se establecen para el ejercicio del poder; y b.- las reglas para que las decisiones vinculen y obliguen a los ciudadanos.

La democracia es una forma de entender el mundo y una forma de vida, una manera de percibirse a sí mismo y a los otros. La democracia es una cultura, es decir, una manera de comportamiento cotidiano que nos aproxima a la comprensión del otro, aún en sus errores.

El sociólogo francés, Alain Touraine dice sobre la democracia: “lo que alimenta la conciencia democrática es hoy más que ayer, el reconocimiento de la diversidad de los intereses, las opiniones y las conductas; y por consiguiente la voluntad de crear mayor diversidad posible en una sociedad que también debe alcanzar un nivel cada vez más alto de integración intensa y de competitividad internacional...”

El politólogo norteamericano, Robert Dahl, señala que la democracia es una poliarquía electiva. La democracia se definió en primer lugar como expresión de la soberanía popular. La democracia se define no por la separación de poderes sino por la naturaleza de los vínculos entre la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. Si la influencia se ejerce de arriba hacia abajo la democracia está ausente, en tanto que llamamos democrática a la sociedad en que los actores sociales ordenan a sus representantes que a su vez controlen el Estado. Porque la democratización consta de dos dimensiones por lo menos: el debate público y el derecho a la participación ciudadana.

Ciudadanía

Según O’Donnell, “históricamente, la ciudadanía se desplegó junto con el capitalismo, el Estado moderno y el derecho racional-formal y la definición de ciudadano ‘corresponde exactamente al sujeto jurídico capaz de contraer libremente obligaciones’. El ciudadano es, en este marco, “el que tiene derecho a cumplir los actos que resultan en la constitución del poder de las instituciones estatales, en la elección de los gobernantes que pueden movilizar los recursos de aquellas y reclamar obediencia, y en la pretensión de recurrir procedimientos jurídicamente preestablecidos para ampararse de intromisiones que considera arbitrarias”.

En este sentido, la noción de ciudadanía incluye a partir del siglo XVIII un conjunto de derechos civiles, a los que se suman progresivamente los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales a partir del siglo XX, asumiendo las siguientes características:

· Los derechos civiles, compuesto por los derechos esenciales para la libertad individual, como la libertad de expresión, de pensamiento y la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la justicia.
· Los derechos políticos, como derechos colectivos vinculados a la ciudadanía civil y se refieren al derecho de participar en el ejercicio del poder político, como votar, ser representado o participar directamente del sistema.
· Los derechos sociales, más extensos y flexibles que los anteriores, se definen dentro de un rango que incluye desde el derecho al bienestar y la seguridad económica, hasta el derecho de compartir dentro de la comunidad la herencia social y vivir de acuerdo a criterios estandarizados aceptables para cada sociedad.

Partidos, ciudadanía y democracia

Se suele señalar que las democracias no pueden funcionar sin buenos sistemas de partidos políticos, y que los que teníamos, aún no siendo buenos, están en muchos sitios en descomposición. Es decir, se reconoce que no habrá sostenibilidad democrática sin buenos partidos, pero que las democracias seguirán deteriorándose con los partidos que tenemos. El fracaso de éstos conlleva –inevitablemente- a la desafección popular por la democracia y al vano intento por construir ciudadanía.

Sin duda alguna, los países de América Latina evidencian una marcada inestabilidad del sistema de partidos. Las distintas encuestas nacionales que se realizan en los diferentes países muestran la baja estima que los ciudadanos de la región tienen respecto a los partidos políticos y a la democracia.

Según Payne (2003), el Perú es el país con el más bajo nivel de institucionalización partidaria de la región. El resultado obtenido se expresa en los altos niveles de fragmentación política, un claro ejemplo de ello, son las recientes elecciones presidenciales, regionales y locales (provincial y distrital) de abril y noviembre de 2006.

Pues, el Perú nunca se caracterizó por tener una tradición democrática con gobiernos basados en partidos políticos, sino más bien por regímenes autoritarios y militares, donde sólo una minoría selecta gozaba de los privilegios, de los derechos ciudadanos, a diferencia de una gran mayoría marginada y excluida del sistema político.

Aquellos partidos políticos que surgieron en el siglo XX, como el APRA, el Partido Socialista Peruano (después, convertido en Partido Comunista Peruano), Acción Popular, el Partido Demócrata Cristiano (posteriormente conocido como Partido Popular Cristiano), carecieron de una visión nacional integradora y de la capacidad para proteger los intereses de la mayoría.

Los partidos políticos tradicionales, a lo largo de su historia, no han sido capaces de producir desarrollo y bienestar en sus sociedades, lo que significa no sólo la reducción de la pobreza y de la inequidad social, sino la creación de un ambiente propicio para cultivar toda la potencialidad humana, en un marco de respeto y garantía al ejercicio de las libertades públicas. Si bien este se constituye en uno de los criterios principales para juzgar el desempeño de los partidos. Pese a ello, se percibe una brecha entre las agendas partidistas, centradas en la lucha por el poder, y las agendas de desarrollo, que requieren acciones de largo plazo. Los partidos invierten copiosamente en el proceso de ganar las elecciones, pero no en prepararse para gobernar bien. No sólo hay endeblez programática, sino un divorcio entre los temas sociales y los temas políticos.

Con el descrédito de los partidos políticos, se inicia el “boom” de las agrupaciones políticas independientes y de los llamados outsider políticos. Fujimori se convierte en un personaje que de la nada llega a ganar las elecciones presidenciales de 1990. Sin duda, un duro golpe que terminó por sepultar a los partidos de esa época. La década de 1990-2000, se destacó –además de la corrupción, del atropello a los derechos humanos- por la antipolítica, es decir, la extinción total de las instituciones democráticas, de la cancelación de los derechos ciudadanos. En otras palabras, se instauró un régimen autocrático, despótico, donde las voluntades eran doblegadas y sometidas a un propósito: la continuación en el poder de una mafia (Fujimori y Montesinos).

En el año 2000 el régimen de Fujimori colapsa. Los diferentes sectores de la sociedad cumplen un papel trascendental y decisivo en este nuevo cambio. Un gobierno democrático se instaura en el 2001, el retorno a la democracia genera muchas expectativas, pero aún persiste ese sentimiento de rechazo hacia los partidos políticos.

Aparecen nuevos movimientos independientes decididos a competir con los partidos históricos en las contiendas electorales como Somos Perú, Solidaridad Nacional, Perú Posible, Frente Independiente Moralizador y otros, pero que no tienen nada que mostrar, excepto su gran improvisación y personalismo. La desilusión, la desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones democráticas crece, mientras los partidos viven en el autismo político, preocupados sólo por su supervivencia y por su dinámica interna, custodiando sus intereses individuales y políticos.

No cabe duda que vivimos en una república sin ciudadanos. En un país donde más del 50% son pobres no se puede hablar de ciudadanos. La pobreza como limitación de capacidades y libertades debilita la democracia. Más aún los que debieran representar a los distintos sectores sociales no representan a nadie. La multiplicación de “partidos” no hace más que reflejar lo dividido que está nuestro país.

La ley de partidos políticos

La preocupación por revitalizar o fortalecer, renovar los partidos y, por ende, crear un sistema de partidos estable con un número menor de partidos, para evitar la fragmentación política, hace necesaria la aprobación de una ley de partidos (Ley 28094, de octubre de 2003).

Según la ley, los partidos requieren acreditar comités en cuando menos un tercio de las provincias del país y dos terceras partes de los departamentos, con cuando menos cincuenta afiliados en cada uno de ellos. Los partidos nacionales necesitan también presentar las adhesiones de 128,293 ciudadanos (el equivalente al 1% de los ciudadanos que sufragaron en la últimas elecciones de carácter nacional) para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además la ley establece la obligatoriedad del seguimiento de mecanismos de democracia interna para la elección de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular. En términos generales, la ley busca tener partidos democráticos, basados en la participación de sus afiliados, con una presencia y cobertura nacional. De otro lado, para combatir la fragmentación de la representación en el Congreso se estableció la barrera del 5% de votos nacionales (Martín Tanaka, 2006).

Sin embargo, la ley de partidos no ha tenido éxito, porque no ha logrado modificar el comportamiento de los partidos. Son nulas las medidas adoptadas que sirvan para mejorar la gobernabilidad democrática como son los acuerdos de partidos y las coaliciones parlamentarias para dar continuidad a las políticas públicas y promover agendas legislativas sustanciales; capacitar a los líderes partidarios para enfrentar los retos económicos y sociales; complementar el enfoque cuantitativo de la participación política de los grupos indígenas, minorías étnicas, mujeres y jóvenes, por uno de orden cualitativo en el que se utilicen mecanismos innovadores como la organización en red, el funcionamiento temprano y el acceso a cargos de dirección y elección popular al interior de los partidos; incrementar la transparencia del financiamiento de los partidos mediante el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuenta y de divulgación.

Conclusión

Para influir positivamente en los destinos de una nación, un partido debe disponer de un proyecto de país, que encarne los anhelos y aspiraciones de convivencia armónica y bien común de un vasto conglomerado social. Ese proyecto de país debe expresarse a través de una doctrina o ideología que a su vez contenga todo un sistema de valores que permita establecer marcos de referencia sobre los distintos aspectos de la economía, la política, la sociedad, la cultura y la ética que resultan fundamentales para la consolidación de las instituciones democráticas y la promoción del desarrollo.

Hay otros aspectos que nos parecen importantes en el rescate de la confianza de los partidos políticos por parte de la ciudadanía que tiene que ver con el establecimiento de lazos de solidaridad de las organizaciones partidistas con la gente y la recuperación de la mística como herramienta de concienciación y movilización popular. Los pueblos están cansados de ver partidos políticos y dirigentes sólo interesados en ellos como objeto electoral, esto es, como instrumentos de legitimación de aspiraciones individuales, y por consiguiente, reclaman que la actividad política se convierta en un medio de sensibilización social que permita la realización colectiva de las aspiraciones humanas de paz, progreso y libertad.

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